La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades

Documento publicado por Amnistia Internacional respecto a la situación de la TORTURA en España como parte de su campaña TORTURA STOP

   Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura. Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas de tortura siguen desprotegidas” ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España.

  • En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.

  • El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio.

  • Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.

  • Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.

  • España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso del marroquí Ali Aarrass. El kazajo Aleksandr Pavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

  • Sin embargo, hace pocas semanas, la Audiencia Nacional sí ha negado la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han “prescrito”. Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.

 

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

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